🏘️ La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) anunció una reestructuración institucional para fortalecer los controles y garantizar que las soluciones habitacionales lleguen de manera transparente a los sectores vulnerables. Jorge Vaca, director nacional de la institución, informó que se identificaron irregularidades de gestiones anteriores, entre ellas viviendas abandonadas, alquiladas o entregadas a dirigentes políticos.
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00:00Con una inversión multidepartamental proyectada en millones de bolivianos, el Ejecutivo prioriza convenios intergubernativos estrictos para fiscalizar el uso real
00:10y legal de cada propiedad entregada.
00:12Estamos realizando bastantes soluciones habitacionales para todo el departamento. Hemos empezado aquí en Tarija haciendo todos esos convenios. Ahora hemos
00:22realizado antes de ayer un convenio bastante importante en el municipio de La Paz con 18 municipios.
00:28Esto alcanza más o menos 143 millones que se van a invertir en viviendas, más de 956 familias que se
00:36van a beneficiar.
00:36El plan de saneamiento institucional busca devolver la dignidad a los sectores olvidados, exigiendo requisitos de arraigo y propiedad para
00:44asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes verdaderamente lo necesitan.
00:48Siempre y cuando, siguiendo el alineamiento de nuestro presidente Rodrigo Paz y nuestro ministro Mauricio Zamora, que primero es la
00:54gente.
00:54Se han hecho bastantes fiscalizaciones. Lamentamos de que muchas viviendas abandonadas, alquiladas, anticretadas y vendidas, como también viviendas que han
01:02sido dadas a personas, dirigentes, personas que estaban en el ámbito político.
01:08Y es por eso el cambio que estamos realizando con nuestro ministro Mauricio Zamora, de que las viviendas lleguen a
01:13los más beneficiados, no por un color político ni por personas que tengan un carnet de algún partido afín.
01:18Las auditorías técnicas y sociales develaron un manejo discrecional del patrimonio estatal, donde cientos de techos destinados a familias de
01:25escasos recursos terminaron en manos de operadores políticos e intermediarios irregulares.

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