Un giro inesperado aviva la tormenta política en la capital española. Nuevas informaciones destapadas por los medios desvelan que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trasladó requisitos muy concretos a una agencia inmobiliaria de alto standing para adquirir su polémica propiedad en Madrid. Según detallan las exclusivas periodísticas, la empresa pública Planifica Madrid solicitó expresamente una vivienda con una superficie de entre doscientos cincuenta y cuatrocientos metros cuadrados, acompañada obligatoriamente por una terraza de amplias dimensiones en el exclusivo distrito de Chamberí o en sus inmediaciones.
La controversia se intensifica al descubrirse que los técnicos autonómicos visitaron previamente un inmueble de características parecidas en el paseo del Pintor Rosales por cuatro millones de euros, pero terminaron decantándose por el ático final de la calle Martínez Campos, cuyo coste ascendió a la astronómica cifra de seis millones trescientos mil euros de fondos públicos. Las alertas saltaron al comprobarse que las especificaciones de búsqueda jamás priorizaron el uso administrativo para despachos. Ante el aluvión de críticas de la oposición por esta controvertida transacción patrimonial, el consejero de Presidencia ha solicitado su comparecencia formal en la Asamblea regional para dar explicaciones sobre la operación, mientras continúan sin aclararse la autoría de la orden inicial y los motivos para adquirir un espacio inhabilitado para oficinas.
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