Según la investigación, el hoy sentenciado intervino en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en favor de Yapurutú, la cual ascendió a 29.000 millones de pesos y tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques en La Guajira.
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