El gobierno inaugura para nada un costoso complejo estatal: instituciones siguen pagando renta en espacios privados

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.— Como un monumento a la improvisación y al desperdicio de los fondos públicos, así luce la recién inaugurada sede de las Oficinas Gubernamentales de la Región Nordeste, ubicada en esta ciudad.

A pesar de que el moderno complejo fue inaugurado con bombos y platillos por el presidente Luis Abinader, una severa falta de planificación mantiene la estructura prácticamente vacía. Mientras tanto, entidades fundamentales como el INTRANT, el MIVED y la DGII se encuentran en espacios privados pagando costosos alquileres, cargando de manera innecesaria al erario público.

El proyecto fue concebido originalmente para agrupar y unificar en un solo lugar a las principales dependencias estatales de la región, entre las que se prometió alojar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Dirección General de Pasaportes y la DIGESETT.

Actualmente solo funcionan en el lugar Pasaportes y DIGESETT.

Sin embargo, a la fecha, instituciones de alto impacto ciudadano como la DGII, el MIVED, el INTRANT y el Ministerio de Trabajo continúan operando desmembradas en plazas comerciales y locales privados, donde el Estado dominicano desembolsa periódicamente cuantiosas sumas de dinero por concepto de renta con el dinero de los contribuyentes.

La falta de coordinación e integración logística entre los ejecutores de la obra y las instituciones destinatarias ha provocado que, tras una inversión pública millonaria, el edificio sea hasta ahora una simple fachada decorativa.

La ciudadanía y los contribuyentes de San Francisco de Macorís y toda la Región Nordeste siguen sufriendo la dispersión de los trámites y la desorganización, mientras el Estado asume un insólito doble costo: el valor de haber construido un inmueble público inoperante y el pago continuo de rentas al sector privado.

Este escenario pone al descubierto una profunda carencia de gerencia y planificación estatal, donde la urgencia de cortar cintas e inaugurar obras prima sobre la operatividad real y el uso responsable del dinero del pueblo.