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  • hace 6 minutos
El Ministerio del Interior ha iniciado este sábado el despliegue de medidas excepcionales de seguridad en el espigón de la frontera del Tarajal para contener la crisis migratoria. Esta decisión se produce después de una semana crítica en la que entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron la frontera por vía marítima hacia la ciudad autónoma. La instalación de una barrera disuasoria ha comenzado a las 7:50 horas, marcando un cambio en la estrategia operativa del Ejecutivo tras la entrada masiva de personas.La nueva infraestructura de protección está compuesta por elementos tecnológicos y de vigilancia coordinados entre diferentes cuerpos. El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Esta estructura ha sido instalada por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) y se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada. Asimismo, se ha habilitado un canal intermedio que permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.La implementación de esta solución "coyuntural", término utilizado por el presidente Pedro Sánchez, tiene una base jurídica vinculada a la normativa de fronteras. El Gobierno ha tomado esta medida siguiendo la ratificación de un fallo del Tribunal Supremo que confirma la exclusión de los supuestos en los que se prevé el rechazo de personas extranjeras para "impedir su entrada ilegal" a quienes llegan sin "superar elementos de contención". Aunque la administración había constatado un "repunte" de entradas desde la notificación de la sentencia el pasado 8 de julio, el Ejecutivo central sólo ha actuado después de que se produjera la "avalancha".La magnitud de lo sucedido en el litoral ceutí ha obligado a las autoridades a realizar un esfuerzo logístico sin precedentes para gestionar los retornos. Según fuentes oficiales, de las aproximadamente 50.000 personas que la estimación inicial del Gobierno señalaba como ingresadas de forma irregular, más de 48.000, "es decir, la práctica totalidad", habían sido devueltas a Marruecos en menos de 48 horas. No obstante, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado por primera vez a la posibilidad de que la cifra total haya podido alcanzar las 60.000 entradas.En su comparecencia desde Ceuta, Marlaska ha vuelto a alabar "la colaboración decidida y permanente con las autoridades marroquíes" para gestionar el retorno de "todos aquellos que entraron de una forma ilegal". El ministro ha tildado de "egoísmo" los reproches recibidos por parte de socios comunitarios y ha asegurado que el reino alauí no supone "ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España". Finalmente, el titular de Interior se ha mostrado convencido de que el país tiene el músculo y los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido. 

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