Una nueva crisis sacude el sector odontológico en la Comunidad de Madrid. El cierre abrupto de la cadena de clínicas Lahsen Dental ha dejado a decenas de pacientes en una situación de absoluta vulnerabilidad, con tratamientos a medias o incluso sin empezar, a pesar de haber sido abonados íntegramente. La empresa operaba en cuatro sedes situadas en la capital (calle Canarias y calle Ponferrada), Alcorcón y Torrejón de Ardoz, esta última inaugurada hace apenas dos meses.
El impacto humano de este cese de actividad es devastador. Uno de los rostros de esta tragedia es el de Antonio, un vecino madrileño de 73 años que, tras pagar por un tratamiento completo y sufrir la extracción de todas sus piezas dentales, se ha quedado desamparado. «Me he quedado sin dientes y sin 14.000 euros. Me los quitaron y no he vuelto a saber nada de ellos», lamenta tras comprobar que nadie responde al teléfono de la clínica.
Muchos otros pacientes se encuentran en una situación similar, habiendo desembolsado cantidades superiores a los 10.000 euros, atraídos por agresivas campañas publicitarias en televisión. Los afectados se han organizado en una plataforma de denuncia y el pasado viernes se concentraron frente a la clínica de la avenida de Las Retamas en Alcorcón, donde compartieron el temor de no poder recuperar sus historiales médicos, una documentación vital para continuar sus tratamientos en otros centros.
La pérdida de la información clínica es una de las mayores preocupaciones técnicas. Sin conocer el tipo exacto de implante o prótesis prescrita, es casi imposible retomar el tratamiento de forma segura. Un dueño de un laboratorio dental afectado explica la gravedad del asunto: «Es como si un paciente pierde el historial de una operación. Hay más de 20.000 tipos de implantes distintos en el mercado y el dentista que continúe el tratamiento necesita saber exactamente cuáles lleva colocados».
A la estafa a pacientes se suma el impago masivo a proveedores y laboratorios, con deudas que oscilan entre los 20.000 y los 75.000 euros. Algunos colaboradores aseguran que los problemas financieros de la cadena no son nuevos: «Yo dejé de trabajar con ellos hace dos años porque no pagaban». A pesar de que cada centro podía llegar a facturar más de 100.000 euros mensuales, el entramado ha colapsado de forma repentina.
Las sospechas de los afectados han aumentado tras ver carteles en los escaparates que anuncian un supuesto «proceso de cambio de titularidad y de personal» bajo el nombre comercial de Dentalike. La plataforma de perjudicados sospecha que podría ser una estrategia para eludir responsabilidades y ya ha denunciado ante la Agencia Tributaria posibles irregularidades económicas. Por su parte, la Policía Nacional ya ha comenzado a recibir denuncias penales e investiga si existen responsabilidades por estos hechos que han dejado a cientos de personas sin salud y sin ahorros.
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