El Gobierno de España ha reaccionado con firmeza y un evidente malestar institucional tras conocerse la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condena a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa. Desde el Palacio de la Moncloa, el Ejecutivo ha calificado la resolución como una "auténtica barbaridad" y ha cerrado filas en torno al hermano del presidente, cuya inocencia ha sido defendida públicamente por el propio Pedro Sánchez desde París, donde asistía a los actos de la Fiesta Nacional de Francia.
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