¿Debería el Ministerio de Salud tener acceso a tus diagnósticos de salud mental? La Procuraduría General de la República ha emitido una opinión crucial, sugiriendo que el reglamento actual podría estar infringiendo el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos.
Este decreto, firmado en 2025, obliga a los profesionales de la psicología a compartir información sensible, incluyendo diagnósticos de ansiedad, depresión e incluso intentos de suicidio, directamente con el Ministerio de Salud. La Procuraduría argumenta que esto viola el artículo 24 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a la intimidad, al tratarse de datos personales que pueden llevar a estigmatización y discriminación.
Aunque el Ministerio defiende la medida como necesaria para el control epidemiológico y la vigilancia sanitaria, la Procuraduría señala que la ley no autoriza explícitamente la recopilación de datos nominales de pacientes de salud mental sin su consentimiento. La revelación de esta información, sin las debidas salvaguardas, representa una grave vulneración a la autodeterminación informativa.
La Sala Constitucional está evaluando un recurso contra este decreto, y la opinión de la Procuraduría sugiere declarar inconstitucional el reporte de trastornos de salud mental, protegiendo así la privacidad de uno de los datos más delicados de las personas.
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