El panorama político internacional se ha visto sacudido este miércoles por una decisión sin precedentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia, Washington ha presentado cargos penales contra un miembro de la cúpula castrista: el expresidente cubano Raúl Castro. El líder del régimen, de 94 años, ha sido imputado por su responsabilidad directa en el derribo de dos avionetas de la organización opositora Hermanos al Rescate, ocurrido hace tres décadas. La acusación formal sitúa al pequeño de los Castro en el centro de una escalada diplomática de grandes proporciones. Los siete cargos presentados contra el General de Ejército incluyen "conspiración para matar a nacionales estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos por destrucción de aeronaves". Según la fiscalía, estos actos supusieron una violación flagrante del derecho internacional al atacar vuelos que, en palabras del fiscal general interino Todd Blanche, "eran vuelos humanitarios para el rescate y la protección de aquellos que huían de la opresión". Blanche, en una rueda de prensa celebrada en Miami, subrayó la firmeza de la administración al asegurar que Estados Unidos "no olvida a sus ciudadanos" y que la justicia espera que Castro acabe entre rejas. Los hechos se remontan a febrero de 1996, cuando cazas de la Fuerza Aérea Cubana emplearon misiles soviéticos para abatir las aeronaves en pleno Periodo Especial. Aunque el fundador de la organización, José Basulto, logró escapar, cuatro tripulantes perdieron la vida. En aquel momento, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La pieza fundamental de la acusación es un audio revelado hace años en el que se escucha presuntamente a Raúl dando las órdenes precisas para el ataque: "Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio, porque ellos entraban en La Habana y se iban. Y bueno, tumbémoslo en el mar cuando se aparezcan y no consulten los que tienen las facultades". La respuesta desde La Habana no se ha hecho esperar. El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha calificado la medida como un ataque infundado: "Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba". En la misma línea, el vicecanciller Carlos F. De Cossio arremetió contra los sectores del exilio en Florida, afirmando que "la minoría fascista anticubana anclada en la Florida ha encontrado al fin un gobierno sobre el cual cabalgar, presionar e intentar doblegar chantajeando con sus votos. Quieren volver a instalar el casino, la droga y la prostitución". Por su parte, Donald Trump ha aprovechado la coyuntura para endurecer su discurso contra la isla, asegurando durante la celebración del Día de la Independencia que "EEUU no tolerará que un estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 90 millas del territorio estadounidense". Esta imputación coloca las relaciones bilaterales en su punto más crítico de lo que va de siglo, marcando un giro radical respecto al deshielo vivido en 2014.
Comentarios