La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación exigieron la liberación inmediata y sin condiciones de cuatro funcionarios secuestrados en Arauca el año pasado por el Ejército de Liberación Nacional (ElN). Las entidades reiteraron que el respeto por la vida, la integridad y la libertad es un principio esencial del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.