00:00El pasado jueves 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica,
00:06declarar el estado de cosas inconstitucional, un punto del acuerdo de paz firmado con las
00:11distintas FARC que tiene que ver con las garantías de seguridad de los hombres y mujeres que firmaron
00:16la negociación y entregaron las armas. Según la Corte, los derechos fundamentales a la vida,
00:22a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por el Estado colombiano,
00:26por lo cual dictó órdenes encaminadas a garantizar la ejecución de los programas
00:31de protección y seguridad de los excombatientes, los miembros del Partido Comune, sus familias y
00:36líderes. De acuerdo con la ponencia que dio paso a este fallo, es absolutamente grave para la
00:42democracia que 270 excombatientes y firmantes del acuerdo hayan sido asesinados. Un informe de la
00:49JEP señaló que si la tendencia de asesinato se mantiene, es posible que para 2024 lleguen a
00:55presentarse alrededor de 1.600 casos de homicidio a desmovilizados, lo que equivaldría al 12% del
01:02total de la población que firmó la paz. Una situación que es para la Corte inconstitucional.
01:08El primer mandato que dio el alto tribunal fue ordenar a la Unidad Nacional de la Protección para
01:13que dentro de los próximos cuatro meses revalúe el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo
01:18de paz en proceso de reincorporación y quienes integran el Partido Comunes, así como otras personas
01:23que se encuentren en situaciones similares. Asimismo, la unidad tendrá que reevaluar los
01:28esquemas de protección colectiva de los antiguos espacios territoriales, de capacitación y reincorporación
01:34para mantenerlos o fortalecerlos. En caso de ser necesario, se implementarán nuevos esquemas en
01:38los próximos cuatro meses. Por otra parte, los magistrados concluyeron que es necesario que la
01:43Procuraduría adopte un mecanismo especial de vigilancia para el cumplimiento de estos mandatos,
01:48tarea en la que serán auxiliados por la Defensoría del Pueblo. Para esto mismo,
01:53la Corte, mediante una sala especial de seguimiento, irá verificando que se cumplan sus órdenes para
01:58poder superar el estado de cosas inconstitucional. Dicha sala tendrá que ser financiada por el
02:04Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, según ordenó el alto tribunal.
02:09A su vez, el Tribunal para la Paz de la JEP tendrá que informar periódicamente cómo avanzan
02:13las medidas adoptadas por la Corte Constitucional para la Seguridad de los Excombatientes.
02:18Por su parte, el Gobierno está obligado por orden de la Corte a tomar las medidas económicas
02:23y administrativas necesarias para cumplir las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo
02:27de Paz para que se facilite la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados y sus
02:32familiares. Según la Corte, los desmovilizados tienen un alto riesgo en materia de seguridad,
02:37por lo que el Estado debe destinar parte del presupuesto nacional a que se cumpla de manera
02:42efectiva con la protección de los excombatientes, líderes y familias, así como esfuerzos para
02:48que no sean socialmente estigmatizados, teniendo en cuenta los enfoques territoriales, étnicos
02:53y de género, entre otros.
02:55Dentro de los próximos dos meses, la Procuraduría tendrá que divulgar las obligaciones que tiene
02:59el Estado para garantizar la protección de los excombatientes y sus familias, así como
03:04la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, movimientos políticos
03:08y organizaciones. La Corte le ordenó también a la Defensoría del Pueblo que en un mes tendrá
03:13que compartirle a la Fiscalía General y a la Unidad de Investigación y Acusación de
03:16la JEP un informe actualizado sobre las alertas tempranas de los exintegrantes de las FARC que
03:21se encuentren en situaciones de riesgo. Esto con el fin de que se avancen en la investigación
03:26y judicialización de las conductas punibles cometidas en su contra. Por último, los magistrados
03:32le pidieron al Congreso que dé el impulso necesario a las demás medidas que corresponden para
03:36cumplimiento del Acuerdo de Paz y que aún estén pendientes de legislación.
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