00:00Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputados, me dirijo a esta soberanía
00:09para presentar una iniciativa que surge directamente de la realidad que viven los ciudadanos en
00:15nuestro país, la extorsión disfrazada de autoridad. Hoy, en muchas carreteras y ciudades
00:22de México, incluido mi estado Nuevo León, los transportistas, comerciantes y ciudadanos
00:29enfrentan a servidores públicos que no usan el poder para servir, sino para cobrar. No con una pistola
00:37en la mano, con una grúa, con un reglamento mal aplicado, con la amenaza del corralón. Esto también
00:47es extorsión y no está suficientemente tipificado en nuestra ley. La Confederación Nacional de
00:54Transportistas Mexicanos, con más de 30 años de representación en el sector, ha documentado
01:01una crisis real en Nuevo León y en México. Elementos de tránsito municipal que amenazan
01:07con remolcar y presionar a sus vehículos exigiendo pagos indebidos. Operativos de la Fiscalía
01:17que se convierten en retenes sin sustento legal. Tarifas de corralón que alcanzan miles de pesos
01:24en pocos días, con cobros por maniobras que jamás existieron. Esto no es una excepción,
01:32es un patrón y nuestro Código Penal Federal no lo alcanza de manera clara y efectiva. La
01:47cooperación en México, como la Coparmexca, Intra, Canaco, Canacar, la Confederación Nacional
01:53de Transportistas y la ANTAC, han lanzado la voz ante autoridades municipales, ante el
02:00gobernador del estado de Nuevo León y la presidenta de la República, señalando el alza sistemática
02:07de extorsiones como una amenaza al estado de derecho y a la actividad económica de la
02:13región. Transportistas y traisleros han identificado al menos 20 puntos del área
02:19metropolitana de Monterrey y de carreteras, donde opera una red de extorsiones involucrando
02:25no sólo elementos de tránsito municipal, sino también agentes de movilidad en el estado.
02:31La convergencia de múltiples organizaciones en este acto evidencian que no se trata de
02:38un caso aislado, sino de un patrón, de una estructura que exige una respuesta legislativa.
02:46La doctrina penal es categórica. Si no tiene tipo penal, no hay delito. Si la conducta no
02:55está descrita en la ley con claridad y con precisión, no puede sancionarse, aunque sea
03:02socialmente reprochable. Eso genera impunidad, eso quiebra la confianza en nuestras instituciones.
03:09Esta iniciativa propone reformar el artículo 220 del Código Penal Federal para agregar dos
03:17nuevas fracciones. La tercera, que hablaría de exceso o desviación de atribuciones y se
03:23sancionaría a todo servidor público que, usando sus atribuciones o excediendo las que tiene,
03:31realice u ordene actos arbitrarios para obtener un beneficio indebido o causar perjuicio a una
03:37persona o al servicio público. Y la fracción cuarta, que es la retención indebida de bienes
03:44o derechos. Esta sancionaría al servidor público que retenga o restringe indebidamente el uso de
03:50bienes o derechos, como cuando pasa y nos retienen un vehículo sin un fundamento legal para generar un
03:57beneficio económico o causar un perjuicio a alguien. No pedimos impunidad para nadie. Si un
04:04transportista infringe la ley, que se le sancione conforme a derecho. Lo que no puede tolerarse es
04:11que las facultades del Estado se conviertan en una herramienta de extorsión. La Constitución es clara.
04:18Toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger los derechos humanos. Nadie
04:25puede ser privado de sus bienes sin procedimiento legal, fundamental, fundamentado y motivado. Y la
04:31seguridad pública debe ejercerse con legalidad, honradez y respeto a los derechos. Esta iniciativa
04:38no es ideológica, es de sentido común, es constitucional y es urgente. Le doy la voz a los
04:46transportistas de Nuevo León, al sector productivo que mueve este país y a cualquier ciudadano que
04:52alguna vez ha sentido el peso del abuso de autoridad sobre este tema. Es cuanto. Muchas gracias.
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