El debate sobre el posible retorno definitivo de Juan Carlos I a España ha cobrado una intensidad sin precedentes tras la reciente desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado de 1981. Aunque el entorno del Rey Emérito asegura que ha recibido con satisfacción estos archivos, de los cuales sale bien parado, su vuelta al país donde reinó durante casi cuatro décadas no será incondicional. La Casa Real ha marcado una línea roja clara: el aspecto tributario.
Si bien inicialmente se afirmó que "la decisión de volver a España" depende "exclusivamente" de él, fuentes oficiales de la institución han matizado esta postura para introducir un requisito económico fundamental. Desde Zarzuela se ha trasladado que, si el antiguo monarca desea instalarse de nuevo en territorio nacional, "Debería recuperar su residencia fiscal".
Esta exigencia no es baladí, sino que busca blindar la estabilidad de la monarquía actual. Según explican desde la institución, "Para salvaguardar su imagen de posibles críticas y especulaciones, y la de la Corona como institución, Don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España". El objetivo es evitar que el regreso se vea empañado por las polémicas sobre sus finanzas que motivaron su salida en 2020, las cuales incluyeron investigaciones —ya archivadas— sobre presuntas comisiones en el AVE a La Meca y fondos en paraísos fiscales.
Fijar de nuevo la residencia fiscal en España conlleva obligaciones estrictas ante la Agencia Tributaria. Hacienda considera residente a quien permanece más de 183 días en el país o tiene aquí su núcleo de intereses económicos. Para Juan Carlos I, esto implicaría tributar por su "renta mundial" a través del IRPF y enfrentarse al impuesto sobre el patrimonio por todos sus bienes que superen los 700.000 euros. Además, si su riqueza excede los 3 millones de euros, quedaría sujeto al impuesto a las grandes fortunas.
Este escenario fiscal es especialmente sensible dado que, durante su estancia en el extranjero, el Emérito ya tuvo que realizar regularizaciones pagando hasta "4 millones de euros para cerrar el expediente" que le abrió Hacienda por movimientos de años anteriores.
La política española se encuentra fracturada ante esta posibilidad. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado el regreso a la reparación de la figura histórica del monarca, argumentando que "La desclasificación de los documentos de la intentona golpista debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".
Por contra, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha insistido en que, si decide regresar, debe establecer su domicilio fiscal en España para cumplir con sus obligaciones ciudadanas. Mientras tanto, desde los grupos de izquierda se recuerda que su marcha no se debió al papel en el golpe de 1981, sino a sus "problemas fiscales", subrayando que "para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas" la transparencia tributaria debe ser la prioridad absoluta en cualquier escenario de retorno.
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