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Transcripción
00:00En marzo de 2012, Siria se hundió en la guerra civil. Las fábricas francesas presentes en el
00:05territorio decidieron cerrar, pero no la FARC. El grupo decidió mantener su producción en su
00:10fábrica de Jalavilla, en la frontera con Turquía, inaugurada en 2010. En ese entonces,
00:15el gigante cementero se habría puesto en contacto con varias milicias armadas,
00:19entre ellas la rama de Al-Qaeda en Siria y la Organización Estado Islámico para entregarles
00:24presuntamente varios millones de euros con el fin de garantizar la libre circulación de su personal
00:28y el suministro de materias primas a la fábrica. Revelado en el verano de 2016 por varios periodistas,
00:34el asunto se convirtió en un escándalo. A raíz de esto, el Ministerio de Finanzas de Francia
00:38presentó una denuncia sustentada por varias ONG y antiguos empleados del grupo. Al año siguiente,
00:44el proceso judicial se dividió en dos partes. La primera, por complicidad en crímenes contra la
00:49humanidad, aún en fase de instrucción. Y la segunda, cuyo juicio comienza este martes,
00:54por financiación del terrorismo y violación del embargo. En el banquillo, ocho acusados. El
00:59entonces director general, Bruno Lafont, cinco altos cargos franceses de la FARC, varios de los
01:04cuales estaban en Siria en aquella época, y dos intermediarios sirios, uno de los cuales sigue
01:10a la fuga. En Estados Unidos, el grupo Lafarce también fue procesado por financiación del terrorismo,
01:15tras un procedimiento de declaración de culpabilidad. En 2022, fue condenado a pagar
01:20una multa de 778 millones de dólares. En este primer juicio en Francia, y solo por el cargo de
01:25financiación del terrorismo, Lafarce, ahora absorbida por la cementera suiza Holcim, podría
01:30tener que pagar una multa de más de mil millones de euros, mientras que los acusados enfrentan penas
01:35que llegan a los 10 años de cárcel.
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