El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso decisivo esta semana en la instrucción contra Begoña Gómez, al ordenar que la Guardia Civil analice los correos intercambiados por su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, con el Instituto de Empresa (IE). Dicha petición —dirigida también al objeto de esclarecer si hubo uso indebido de recursos públicos para asuntos privados— se suma a otras diligencias dentro de una compleja investigación que ya ha suscitado numerosas polémicas judiciales y políticas.
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