El abogado Félix Portes, representante legal de varios querellantes en el caso Jet Set, denunció a través de su cuenta de Instagram supuestas anomalías en el conocimiento de los recursos de apelación relacionados con el proceso.
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00:00La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito dejó sin efecto dos recursos de apelación
00:06que buscaban revertir la libertad bajo fianza de los propietarios del Jet Set.
00:11Hablamos de Antonio y Maribel Espaillat.
00:14La decisión de la Corte ocurre luego de que los hermanos Espaillat alcanzaron un acuerdo conciliatorio
00:20con los demandantes Luisa María Delgado y Rosy Félix Medina.
00:25El abogado Félix Portes, representante legal de varios querellantes en el caso,
00:30señaló en su cuenta de ex supuestas anomalías en el conocimiento de los recursos de apelación relacionados con el proceso.
00:39El ministro de Agricultura aclaró que en esa institución no ha habido desvío de fondos,
00:47sino la apropiación de las dietas del Departamento de Seguridad que llevó a la suspensión de varios militares.
00:55Me informaron que alguien de los que andaban conmigo hacían uso de lo que se les daba y los repartían de manera desigual.
01:06No fue a Agricultura, no fue a mí, no fue al gobierno. Eso yo no lo acepto.
01:12Limber Cruz además reiteró que no hay colaboradores de la entidad sometidos a investigación por parte del Ministerio Público.
01:21A menos de un mes de la promulgación del nuevo Código Penal, el diputado PRDista Ramón Raposo presentó el primer proyecto de reforma a dicha pieza.
01:32El legislador busca eliminar los artículos 310 y 311 que penalizan el ultraje a funcionarios públicos.
01:40Según Raposo, estas disposiciones podrían vulnerar la libertad de expresión y permitir represalias legales por críticas o gestos dirigidos a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
01:53En esta legislatura, este Congreso debe abocarse a una revisión profunda de aquellos artículos que han sido avionados por la ciudadanía.
02:08El NAL toca de manera directa.
02:11La propuesta de Raposo también propone ajustar el artículo 386 que castiga la incitación contra el Estado excluyendo de responsabilidad penal expresiones en contextos de demandas ciudadanas, campañas políticas o actos religiosos.
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