En cuanto a la calificación jurídica del caso, la abogada coincidió con el Ministerio Público en que hubo una priorización del dinero por encima de la vida humana. “Nosotros creemos que se trató de un homicidio involuntario debido a la inobservancia y negligencia por parte de Antonio Espaillat, su hermana y otros implicados. Este tipo de conductas deben ser sancionadas con la pena máxima”, afirmó.
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