Tras cerrar un año desastroso, la deuda pública española se ha ido al 120% sobre el PIB. Buena parte de ese incremento está justificado, la atención sanitaria prioritaria impuso su calendario y, aunque discutible en su gestión, casi 44 mil millones se fueron a sufragar programas económicos. Ahora el problema, además de por la gestión de tan colosal montaña de deuda, vendrá dado por unos ingresos menguantes y unos gastos crecientes, algunos de no tan sencilla explicación y es que no parece prioridad para los gobiernos acometer reformas que se antojan imperiosas.
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