El gobierno del estado de Michoacán volvió a dar muestras de que no existe persecución alguna contra grupos sociales o estudiantiles, sino un compromiso con el estado de Derecho y un apego permanente a la ley. Lo anterior quedó de manifiesto al agilizar la liberación de 166 jóvenes que participaron en la quema de vehículos propiedad del estado y la destrucción de instalaciones universitarias.