La Generalitat de Cataluña habría desviado más de 4,7 millones de euros de dinero público para la organización del proceso independentista que acabó en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Así lo revelan los informes encargados por el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y que probarían la malversación de fondos públicos
