lunes 20 de enero de 2014 12:00 AM
"Nos falta mucho todavía para revolucionar por dentro el sistema de administración de justicia". Días después de que el presidente Nicolás Maduro Moros hiciera este acto de contrición, en su discurso ante la Asamblea Nacional, se conoció que la justicia penal venezolana es percibida como la peor del mundo.
En el Índice de Estado de Derecho 2012-2013 que elaboró la organización no gubermanental estadounidense The World Justice Project los tribunales penales del país se ubicaron en el último puesto del ranking, pues apenas obtuvieron una puntuación de 0.24 sobre 1, por debajo incluso de países de dudosa calidad democrática como Zimbabue, Irán o China.
El hecho de que en este reporte el universo de poderes judiciales a evaluar aumentara en 31, al pasar de 66 a 97, no ayudó en lo más mínimo a los juzgados nacionales que quedaron, por segundo año consecutivo, en el último lugar.
Razones de la reprobación
El estudio fue elaborado a partir de entrevistas a catedráticos, abogados en ejercicio, defensores de Derechos Humanos y líderes comunitarios en los 97 países evaluados, a los cuales se les consultó si consideraban que sus países existía un sistema de investigación criminal eficiente, sobre la eficacia del sistema carcelario para regenerar a los delincuentes, sobre su percepción de la corrupción en los juzgados y si consideraban que los jueces eran independientes de otros poderes a la hora de decidir sus casos. Para exintegrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y activistas de Derechos Humanos consultados por El Universal los resultados del reporte sobre Venezuela son una verdad del tamaño de un templo.
"Estamos en el foso porque aquí no hay justicia. Veamos lo que ha hecho la jueza del caso del comisario Iván Simonovis (Adas Armas): Nada, porque está esperando a que en el Gobierno le digan qué hacer", se lamentó la magistrada emérita de la Sala Penal, Blanca Rosa Mármol de León; quien atribuyó la mala imagen de los tribunales nacionales "al control absoluto que el Gobierno ejerce sobre ellos".
Opinión similar dio Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, quien señaló: "El Índice muestra las consecuencias de la destrucción del sistema de justicia por parte del Ejecutivo con el fin de controlarlo" y que, según él, quedó de manifiesto con la paralización de los concursos de oposición para el ingreso de los jueces hace más de siete años.
"El Gobierno se dio cuenta que la mejor manera de controlar a la justicia era controlando a los jueces mediante su nombramiento y por ello en lugar de nombrarlos mediante concursos, como manda la Constitución, lo cual obligaría a darles la titularidad y solo removerlos por procedimientos en los que podrían defenderse, los designa el TSJ a dedo y así mismo los saca", afirmó.
En 2009, el Ejecutivo Nacional informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Venezuela había 1.896 jueces, de los cuales 936 (40,3%) eran titulares y 960 (50,64%) pr
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