José Vicente Haro explicó que ha ido seis veces a la Defensoria del Pueblo y tres a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Publico para informar los abusos sufridos por la químico. Indicó que ha recibido llamadas de amenazas de muertes de números telefónicos privados. El jurista dijo que no puede visitar a su defendida por orden de la dirección del INOF
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