Los presuntos delitos están relacionados con su condición de copropietaria, junto con su marido Iñaki Urdangarín, de la empresa Aizoon, a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.
Entre dichos delitos destaca que nunca tributó el IRPF de los dividendos obtenidos a través de dicha compañía en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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