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  • hace 17 horas
Sigue la discusión sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y el levantamiento de órdenes de captura por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, del que se beneficiarían estructuras al margen de la ley como el Clan del Golfo, que hacen parte de la llamada paz total. La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que hizo cuatro advertencias importantes sobre el riesgo de darle luz verde a esas órdenes del Ejecutivo.

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Transcripción
00:00Respecto a la instalación de zonas de ubicación temporal, SUT, y la suspensión temporal de órdenes de captura
00:05para el traslado y permanencia en ellas de integrantes de grupos armados organizados que son parte del conflicto armado,
00:11la Defensoría del Pueblo quiere ofrecer algunas consideraciones.
00:14En primer lugar, el presidente tiene la facultad de decretar la SUT y solicitar la suspensión de órdenes de captura,
00:20inclusive de extradición de quienes se vayan a concentrar allí,
00:24de conformidad con los listados que reciba de buena fe de los grupos armados.
00:30Las SUT están previstas en la Ley de Orden Pública y han sido utilizadas por distintos gobiernos, al menos desde
00:351998.
00:37La decisión corresponde al presidente de la República como responsable del orden público y de los procesos de conversaciones con
00:44los grupos armados.
00:45No obstante, dicha facultad es reglada, está sometida a condiciones constitucionales y legales.
00:52Por ello, el gobierno debe ofrecer una motivación suficiente sobre la delimitación temporal, territorial, personal,
01:00mecanismos efectivos de control y verificación y solo puede establecerlas en un estado avanzado del proceso de paz.
01:07Pero entonces, ¿qué es un estado avanzado del proceso de paz?
01:12Sugerimos al menos dos criterios de análisis.
01:15Un proceso de negociación está avanzado cuando ya es viable el desarme, la desmovilización y reintegración a la vida civil
01:21de los miembros del grupo.
01:23Esto, pues la Ley de Orden Público establece que las SUT se orientan a la dejación de armas,
01:29el tránsito a la legalidad y a otras modalidades de reincorporación a la vida civil para poner fin al conflicto
01:36armado.
01:36La Corte Constitucional ha interpretado que en el caso de criminalidad organizada, esta condición de estado avanzado ocurre cuando las
01:45SUT son idóneas para hacer viable la entrega o sometimiento a la justicia y al Estado de Derecho.
01:50En este sentido, el gobierno debe sustentar que estas medidas son efectivas para un desarme cercano y concreto, y no
01:58solo posible en un sentido general.
02:00El segundo criterio que sugerimos acude al modelo de paz total que el propio gobierno definió, un modelo que tiene
02:09tres pilares,
02:10desescalar las violencias, transformaciones territoriales y tránsito a la civilidad.
02:15Por consiguiente, el gobierno debe presentar información suficiente y verificable sobre avances concretos para justificar la SUT,
02:23dado que los niveles de avance, implementación y verificación no son homogéneos en los distintos procesos,
02:29por ejemplo, en el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo, Comuneros del Sur o el autodenominado
02:37Estado Mayor de los Bloques y el Frente,
02:39el análisis debe realizarse y sustentarse de manera diferenciada.
02:43Tercero, en este contexto advertimos al menos cuatro riesgos en la suspensión de órdenes de captura para el establecimiento de
02:50la SUT.
02:52Primero, se está avanzando sin tener en cuenta los derechos de las víctimas.
02:55En este momento, no hay una claridad ni acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas de
03:02los hechos que han cometido estos grupos,
03:04sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
03:09Segundo, el avance de la SUT genera expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición
03:16de gobierno,
03:16aun suponiendo que las condiciones para el desarme y la desmovilización estuvieran próximas,
03:21es virtualmente imposible que el desarme se dé antes del 7 de agosto.
03:25¿Cómo interpretan y actúan los grupos con esta expectativa en un contexto electoral?
03:31Tercero, persisten riesgos de seguridad, especialmente para las comunidades, pero inclusive para quienes eventualmente se concentren.
03:38Dado que la concentración se ha previsto como gradual, entonces eso supone que unos miembros del grupo conservarán las armas
03:45fuera de la SUT
03:46y si se acuerdan protocolos concretos, porque no lo hay en todos los procesos, hay otros que no estarían armados
03:54allí.
03:54Entonces, ¿cómo se monitorearán los riesgos para las comunidades aledañas y para los propios combatientes concentrados en zonas de disputa
04:01territorial?
04:02En cuarto lugar, existe un riesgo de afectación de los derechos de los pueblos étnicos potencialmente impactados por la SUT.
04:09Hasta el momento se ha realizado la consulta previa en la zona de Mayama, Nariño, en relación con la SUT
04:14del Frente Comuneros del Sur,
04:17pero no así con otras que tienen presencia, que están en lugares con presencia de comunidades étnicas.
04:23Con este panorama, para sentar las bases sólidas para una paz con garantía de los derechos humanos,
04:28la Defensoría del Pueblo insta al Presidente de la República a revaluar la decisión teniendo en cuenta su impacto.
04:35No es claro que se cumplan los requisitos jurídicos, pero más allá de eso, el impacto puede ser adverso en
04:40materia de derechos humanos,
04:42particularmente de los derechos de las víctimas.
04:45Tampoco es garantizable la sostenibilidad de las medidas y las libertades democráticas en un contexto electoral.
04:52La construcción de paz exige decisiones sometidas al Estado de Derecho,
04:56controles institucionales efectivos y garantías verificables para la población civil.
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