Elma Saiz acusa al PP de boicotear la regularización de inmigrantes: "Están solos y desdibujados"

El proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en España ha entrado en una fase crítica con la apertura de la atención presencial este lunes 20 de abril. La jornada ha estado marcada por una altísima afluencia de solicitantes y, de forma paralela, por un duro enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y las administraciones gobernadas por el Partido Popular. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado un "boicot" institucional que, según el Gobierno, busca obstaculizar el acceso a derechos fundamentales de miles de personas.
A pesar de las dificultades logísticas y las largas colas reportadas en diversas dependencias públicas, el Ministerio defiende la solidez del sistema. Según los datos ofrecidos por la portavoz del Ejecutivo, solo durante el primer día de fase presencial se presentaron 5.454 solicitudes físicas, que se suman a las 13.008 gestiones telemáticas registradas en la misma jornada. En total, desde que se habilitó el sistema el pasado 16 de abril, el número de expedientes supera ya las 60.600 solicitudes.
Para el Gobierno, este volumen de participación demuestra el interés social en la medida, asegurando que "el proceso va muy por encima a pesar del boicot del PP". Elma Saiz ha insistido en que se trata de "un procedimiento enorme, muy garantista, un procedimiento muy trabajado, muy preparado", que, a pesar del colapso inicial en algunos puntos, "va con toda la normalidad de estos primeros días".
La principal fricción reside en la emisión de certificados de vulnerabilidad y de empadronamiento, documentos clave para el proceso. Desde el PSOE acusan a los ayuntamientos del PP de poner trabas burocráticas siguiendo consignas partidistas. Según la ministra Saiz, esa actitud "choca con la actitud de otros ayuntamientos que, siguiendo directrices políticas del Partido Popular, están boicoteando, no ya al Gobierno, boicoteando a las esperanzas y los derechos de miles de personas".
El enfrentamiento ha señalado directamente a plazas como Madrid y Valencia. Mientras que el Ayuntamiento de la capital, liderado por José Luis Martínez-Almeida, calificó el proceso de "chapuza", el portavoz socialista Patxi López ha afeado que el consistorio madrileño haya "verbalizado que no iba a colaborar", contrastándolo con el de Barcelona, que ha reforzado su plantilla con 50 abogados. No obstante, el propio Almeida ha matizado que los inmigrantes "van a contar con la profesionalidad y la dedicación de los servicios públicos y de los servidores públicos".
El Ejecutivo también ha vinculado esta supuesta obstrucción con los pactos de gobierno entre el PP y Vox en regiones como Extremadura. El portavoz Patxi López ha advertido que "en Extremadura no hay ningún problema con la inmigración" y que las trabas son una excusa de la derecha para aplicar su "ideología xenófoba". El acuerdo en dicha región incluye la polémica "prioridad nacional" para el acceso a ayudas, una medida que ha sido rechazada por entidades sociales como Cáritas.
Ante lo que consideran una estrategia de obstrucción, el Gobierno recuerda que el informe de vulnerabilidad puede ser validado por más de 200 entidades acreditadas, permitiendo a los migrantes esquivar el posible bloqueo municipal. Desde el PSOE subrayan que "el Partido Popular está solo y desdibujado en su boicot al procedimiento de regularización" y garantizan que el proceso llegará a buen puerto a pesar de las tensiones institucionales.