Spielmann ha hecho pública su postura sobre dos de las cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales españoles -Tribunal de Cuentas y Audiencia Nacional- que dudaban de que aplicar la amnistía fuera compatible con los intereses financieros de la Unión y la directiva europea contra el terrorismo. Sobre la malversación, el abogado general sostiene que "la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la Ley Orgánica de Amnistía por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, puesto que no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión". Sí aprecia algunas incompatibilidades en asuntos de tutela judicial, como el plazo de dos meses que da a los tribunales para pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía. Objeciones como esa no impedirían la aplicación del fondo de la ley, sino que afectarían al procedimiento.
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