00:00A ningún mexicano le queda duda de que la bandera de la cuarta transformación es la
00:18lucha contra la corrupción, y nadie podemos dejar de aplaudirla y mucho menos de apoyarla.
00:23Pero como bien dice el refrán, del dicho al hecho hay un buen trecho, y detrás de
00:29las muy urgentes intenciones de sanear a la república, a la hora de implementar algunas
00:34veces se aparecen prietitos en el arroz. Dos casos de acciones anticorrupción acaparan
00:40esta semana los reflectores y el debate sobre su cuestionada forma que no fondo a la hora
00:45de legislarlas. La primera es el de la llamada extinción de dominio, esa figura legal mediante
00:51la cual los bienes y las riquezas, producto de acciones ilegales o enriquecimiento ilícito,
00:56son incautados por el Estado a criminales o corruptos. Esa es una sana práctica que
01:02opera en decenas de países, pero el debate y aprobación de esa nueva legislación despertó
01:08una severa condena de juristas, legisladores y analistas debido a su redacción y los posibles
01:14alcances de su implementación. El hecho concreto es que sobre cualquier ciudadano puede pesar
01:19la presunción del enriquecimiento ilícito, pero el conflicto aparece cuando la confiscación
01:24de sus bienes se puede dar aún sin que su causa sea cosa juzgada. Y aún cuando tras
01:30un largo juicio sea declarado inocente, no habrá forma de recuperarlo subastado.
01:35Por supuesto que redactada como está, la extinción de dominio, se presta a arbitrariedades
01:41de una autoridad que abuse de su poder y decida aplicarla por ambición sobre los bienes que
01:46busquen cautar o por venganza contra ciudadanos que califiquen como non gratos. Si pasa como está,
01:53se abrirá una caja de Pandora Moyadoc para usarla como herramienta política contra adversarios
01:58y se convertirá en un foco permanente de violación a los derechos humanos.
02:03El otro expediente es el de la bautizada como Ley Garrote, que se estrena en Tabasco para
02:08castigar con 10 y hasta 20 años de prisión a manifestantes que bloqueen obras públicas.
02:14Por supuesto que esa legislación tiene un motivo. Particularmente en la tierra del presidente,
02:20distintas organizaciones hicieron de los bloqueos su modus vivendi. Exigían cuotas o derechos
02:26de piso para permitir a particulares y al gobierno mismo hacer sus obras, sobre todo
02:32a Pemex. Muy entendible legislar al respecto.
02:36El conflicto radica en que la forma en la que está presentada la Ley Garrote deja abierta
02:40la posibilidad de aplicarla discrecionalmente contra quienes en su derecho de libertad
02:45manifiestan. ¿En qué momento una manifestación o marcha
02:49de protesta se convierte en un bloqueo chantajista? ¿En el instante en que paran los manifestantes
02:55en una avenida y con ello lesionan el quehacer de comercios y oficinas? ¿En dónde está la
03:00frontera entre la libertad de expresión y la libertad de extorsión? El debate es de
03:05fondo y por supuesto que hay que frenar la extorsión, sin discusión. Pero de nuevo,
03:10en la forma en que se plantea, dejan también abierta la puerta para dejar a juicio de un
03:15funcionario o juez el decidir que aquello fue una libre manifestación o un bloqueo con fines
03:20de chantaje o no. Lo que se pone en evidencia es que las dos iniciativas de poner en orden
03:25corrupción y extorsión acaban por falta de cabildeo y de adecuada redacción en dos amenazas
03:32que penden como espadas de Damocles dependiendo de quién y con qué intención se aplican.
03:37Cuando una ley cualquiera que sea queda sometida al arbitrio de quien la hace valer, es imposible
03:43que sea justa y equitativa. Y ese es precisamente el reclamo. ¿Podría un panel de jurisconsultos
03:49imparciales eliminar las zonas grises a tan necesarios y elogiables intentos por poner
03:54las cosas en blanco?
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