La política española vuelve a ser escenario de una aparente contradicción entre el discurso y los hechos.
El secretario general del PSOE en Extremadura y hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha protagonizado una controvertida maniobra política que ha generado un intenso debate sobre los privilegios de la clase política. Gallardo, imputado en la causa que investiga la contratación presuntamente irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha decidido abandonar su cargo en la Diputación para incorporarse como diputado a la Asamblea extremeña, lo que le otorga la condición de aforado.
Esta decisión llega en un momento crítico del proceso judicial, justo cuando podría abrirse juicio oral por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial. La jueza instructora, Beatriz Biedma, dictó auto de procesamiento el pasado 28 de abril, tras lo cual las acusaciones populares han solicitado penas de hasta tres años de cárcel para David Sánchez y para el propio Gallardo, además de inhabilitación para cargo público durante seis y 15 años, respectivamente.
La contradicción con el discurso oficial
Lo más llamativo de este caso es la evidente contradicción con el discurso que el propio Pedro Sánchez ha mantenido históricamente sobre los aforamientos. El presidente del Gobierno se ha posicionado públicamente en contra de esta figura legal, considerándola un privilegio injustificado que debería eliminarse del sistema judicial español.
Pero la contradicción no solo afecta al presidente del Gobierno. El propio Miguel Ángel Gallardo había manifestado anteriormente que no entraría en la Asamblea de Extremadura hasta que finalizase el caso de David Sánchez. Sin embargo, ahora ha cambiado radicalmente de postura, alegando que lo hace porque PP y Vox quieren mantenerlo fuera de la Asamblea y porque las acusaciones populares intentan alargar la causa para evitar que "confronte ideas" con la presidenta autonómica.
"Gallardo explicó hace meses por qué no haría eso, porque iba a parecer que lo haría por salvarse el culo, para aforarse y, por ende, estar a salvo", recuerda la periodista Marta García Aller, quien añade: "Ya él explicó perfectamente qué parecería si hiciera eso, y ahora que lo hace, tenía razón: es exactamente lo que parece".
El secretario general del PSOE en Extremadura y hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha protagonizado una controvertida maniobra política que ha generado un intenso debate sobre los privilegios de la clase política. Gallardo, imputado en la causa que investiga la contratación presuntamente irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha decidido abandonar su cargo en la Diputación para incorporarse como diputado a la Asamblea extremeña, lo que le otorga la condición de aforado.
Esta decisión llega en un momento crítico del proceso judicial, justo cuando podría abrirse juicio oral por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial. La jueza instructora, Beatriz Biedma, dictó auto de procesamiento el pasado 28 de abril, tras lo cual las acusaciones populares han solicitado penas de hasta tres años de cárcel para David Sánchez y para el propio Gallardo, además de inhabilitación para cargo público durante seis y 15 años, respectivamente.
La contradicción con el discurso oficial
Lo más llamativo de este caso es la evidente contradicción con el discurso que el propio Pedro Sánchez ha mantenido históricamente sobre los aforamientos. El presidente del Gobierno se ha posicionado públicamente en contra de esta figura legal, considerándola un privilegio injustificado que debería eliminarse del sistema judicial español.
Pero la contradicción no solo afecta al presidente del Gobierno. El propio Miguel Ángel Gallardo había manifestado anteriormente que no entraría en la Asamblea de Extremadura hasta que finalizase el caso de David Sánchez. Sin embargo, ahora ha cambiado radicalmente de postura, alegando que lo hace porque PP y Vox quieren mantenerlo fuera de la Asamblea y porque las acusaciones populares intentan alargar la causa para evitar que "confronte ideas" con la presidenta autonómica.
"Gallardo explicó hace meses por qué no haría eso, porque iba a parecer que lo haría por salvarse el culo, para aforarse y, por ende, estar a salvo", recuerda la periodista Marta García Aller, quien añade: "Ya él explicó perfectamente qué parecería si hiciera eso, y ahora que lo hace, tenía razón: es exactamente lo que parece".
Categoría
🗞
NoticiasTranscripción
00:00Los deseos de una sociedad que demanda ante todo, además de ejemplaridad, que siempre es necesaria,
00:06igualdad entre ciudadanos y sus representantes.
00:10Una sociedad civil que no entiende de existencia o la existencia de determinados preceptos
00:14que pudieron tener sentido en un momento determinado de nuestra historia, en el pasado, hace décadas,
00:19pero que hoy han perdido toda razón de ser.
00:23El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse.
00:25El cambio de época debe continuar avanzando y, en consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara
00:32una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos.
00:39Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días
00:47desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados.
00:51Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos
00:57con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.