Ante una CIDH con cierta parcialidad a favor del gobierno mexicano, el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, y una red defensora de derechos humanos, presentaron una queja sobre las detenciones arbitrarias y la fabricación de falsos culpables, que son prácticas comunes entre las autoridades y agentes de seguridad pública.