Más de 800.000 personas no quieren recibir propaganda electoral. Se trata de una medida en forma de protesta ante la repetición de elecciones que costará casi 150 millones de euros. Los votantes han solicitado al INE su exclusión en las copias del censo que se entregan a los partidos, algo que los expertos relacionan a un esperado descenso en la participación.
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