Filtraciones investigadas y 89 millones pendientes de cobro, herencia de Aznalcóllar

  • hace 6 años
Sevilla, 25 abr (EFE).- El 25 de abril se cumplen 20 años de la rotura de una balsa de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar que contaminaron el entorno de Doñana sin que la Junta haya logrado que la empresa Boliden pague los 89 millones que costó la limpieza y con una investigación abierta por filtraciones de la zona sellada.
La reclamación de la factura al grupo sueco que explotaba la mina entonces lleva dos décadas en un "peregrinaje judicial" -así lo definió el Supremo- que en 2015 volvió al punto de partida.
La vía penal -por la que un juzgado de Sanlúcar la Mayor llegó a imputar a una veintena de técnicos de Boliden, la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente- se cerró pronto (en 2000 el juzgado la archivó y la Audiencia de Sevilla lo confirmó en 2001).
La Junta presentó entonces una demanda civil que cayó en el juzgado de instrucción 11 de Sevilla, que en 2002 la inadmitió declarándose incompetente (la Audiencia lo confirmó en 2003).
Por su parte el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha dicho hoy que el Corredor Verde del Guadiamar se ha transformado en un "laboratorio natural" tras 20 años del vertido de los residuos de la balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
El Corredor Verde es un pasillo natural de más de 60 kilómetros, esencial para el paso de fauna silvestre entre el Espacio Natural de Doñana, su área de influencia, y Sierra Morena, donde desde el accidente en 1998 se ha eliminado la contaminación, ha mejorado sus condiciones ecológicas y ha fomentado la creación de hábitats originarios.
El consejero ha indicado que la recuperación del Guadiamar desarrollada hasta 2003, que supuso una inversión de 165,3 millones de euros, ha sido uno de los mayores proyectos de restauración ambiental de zonas contaminadas emprendidos a nivel mundial.
Se prevé que la actividad minera vuelva a la zona tarde o temprano (de momento la adjudicataria se limita a trabajos preparatorios) entre el aplauso de los vecinos por el empleo que creará, las reticencias de los ecologistas y la confianza de la Junta en que la ley es hoy mucho más "garantista" y los controles para autorizar toda actividad suficientemente exigentes para minimizar riesgos.
IMÁGENES: CORREDOR VERDE EN SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA) RECUPERADO TRAS EL VERTIDO

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