Barcelona, 17 mar (EFE).- La defensa de los ocho indignados condenados por participar en el cerco al Parlament recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) al entender que se trata de una sentencia "ideológica" en la que el Tribunal Supremo (TS) se ha "doblegado" al discurso creado por los medios y la Generalitat.
En declaraciones a Efe, el abogado de varios de los condenados, Jaume Asens, ha explicado que presentará recurso al Tribunal Constitucional, al tiempo que solicitará que se suspenda el ingreso en prisión de sus clientes, y si es necesario llegará hasta al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para defender su inocencia.
El letrado considera que la sentencia, que revoca las absoluciones acordadas por la Audiencia Nacional, responde más a motivos ideológicos que jurídicos y que con ella el Supremo "se ha doblegado a la presión ambiental creada por los medios de comunicación y el gobierno catalán, para la criminalización de los indignados que cercaron el Parlament".
En opinión de Asens, la sentencia -y especialmente el voto particular emitido por uno de los magistrados- concede margen suficiente para recurrir ante el Constitucional, de forma que sea este tribunal quien se pronuncie sobre los dos derechos fundamentales que el Supremo cree han entrado en colisión en este caso.
En su sentencia, los magistrados del Supremo argumentan que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden neutralizar otros derechos y, en concreto, el de participación política a través de los representantes legítimos.
Otro de los argumentos que la defensa de los indignados esgrimirá ante el Constitucional es que la legislación impide a un tribunal de segunda instancia revocar una absolución si no existen nuevas pruebas que valorar y sin tener ocasión de escuchar a los encausados.
De hecho, añade el abogado, la sentencia del Supremo no modifica el relato de los hechos, sino que condena a penas de prisión "por hechos tan inocuos como levantar los brazos o manchar la gabardina de la diputada Montserrat Tura", sin entrar a dirimir la intencionalidad de los actos de cada uno de los acusados.
Las defensas solicitarán a la Audiencia Nacional que suspenda la ejecución de la sentencia hasta que el Constitucional resuelva sobre el recurso, para evitar de esa forma el ingreso inmediato en prisión de los condenados.
En su sentencia, el Supremo ha impuesto tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado a ocho de los 19 indignados que fueron absueltos de los actos de acoso a diputados del Parlament en junio de 2011, cuando se celebraba un pleno que abría la puerta a los recortes.
El fiscal, la Generalitat y el Parlament recurrieron la sentencia de la Audiencia Nacional, a cuyos magistrados el fiscal acusó de "politización extrema" y de haber vertido en su fallo su ideología, de modo que convirtieron el derecho de manifestación en algo absoluto. EFE
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En declaraciones a Efe, el abogado de varios de los condenados, Jaume Asens, ha explicado que presentará recurso al Tribunal Constitucional, al tiempo que solicitará que se suspenda el ingreso en prisión de sus clientes, y si es necesario llegará hasta al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para defender su inocencia.
El letrado considera que la sentencia, que revoca las absoluciones acordadas por la Audiencia Nacional, responde más a motivos ideológicos que jurídicos y que con ella el Supremo "se ha doblegado a la presión ambiental creada por los medios de comunicación y el gobierno catalán, para la criminalización de los indignados que cercaron el Parlament".
En opinión de Asens, la sentencia -y especialmente el voto particular emitido por uno de los magistrados- concede margen suficiente para recurrir ante el Constitucional, de forma que sea este tribunal quien se pronuncie sobre los dos derechos fundamentales que el Supremo cree han entrado en colisión en este caso.
En su sentencia, los magistrados del Supremo argumentan que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden neutralizar otros derechos y, en concreto, el de participación política a través de los representantes legítimos.
Otro de los argumentos que la defensa de los indignados esgrimirá ante el Constitucional es que la legislación impide a un tribunal de segunda instancia revocar una absolución si no existen nuevas pruebas que valorar y sin tener ocasión de escuchar a los encausados.
De hecho, añade el abogado, la sentencia del Supremo no modifica el relato de los hechos, sino que condena a penas de prisión "por hechos tan inocuos como levantar los brazos o manchar la gabardina de la diputada Montserrat Tura", sin entrar a dirimir la intencionalidad de los actos de cada uno de los acusados.
Las defensas solicitarán a la Audiencia Nacional que suspenda la ejecución de la sentencia hasta que el Constitucional resuelva sobre el recurso, para evitar de esa forma el ingreso inmediato en prisión de los condenados.
En su sentencia, el Supremo ha impuesto tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado a ocho de los 19 indignados que fueron absueltos de los actos de acoso a diputados del Parlament en junio de 2011, cuando se celebraba un pleno que abría la puerta a los recortes.
El fiscal, la Generalitat y el Parlament recurrieron la sentencia de la Audiencia Nacional, a cuyos magistrados el fiscal acusó de "politización extrema" y de haber vertido en su fallo su ideología, de modo que convirtieron el derecho de manifestación en algo absoluto. EFE
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