Buenaventura, en el Pacífico, afronta actualmente una de las situaciones de violencia más graves del país y quizás más descompuestas de los últimos años.
Es el puerto más importante de Colombia, y en la actualidad es el epicentro de la implementación de obras de infraestructura y mega proyectos para los tratados comerciales, entre ellos la Alianza Pacífico, y los múltiples TLCs que el país ha firmado con los EE.UU., Europa, Canadá y otros países.
En este contexto, las comunidades negras son perseguidas con despojo, desplazamiento, desapariciones y la expresión más violento del terror: el descuartizamiento.
Las víctimas son desmembradas en las llamadas casa de Pique en los barrios de Bajamar, controlados por paramilitares de manera descarada en uno de los municipios con mayor presencia militar y policial en Colombia.
Hace poco, ante la delicada situación del puerto, el presidente Juan Manuel Santos ordenó su militarización.
Sin embargo, las comunidades locales manifiestan su escepticismo frente a tales medidas, y piden el fin del olvido estatal a que ha sido sometida toda la región pacífica.
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