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  • 8/1/2014
Un pulso entre la judicatura y el Gobierno tiene en vilo a Turquía desde la detención en diciembre de decenas de personalidades sospechosas de corrupción, fraude o blanqueo de dinero. La redada tiene en el punto de mira al entorno del primer ministro, Recep Tayip Erdogan. Los hijos de tres ministros, el director general de un banco estatal, empresarios y miembros del gubernamental AKP fueron detenidos.

La respuesta del primer ministro no tardó en llegar: Erdogan denunció una conspiración urdida por un “Estado dentro del Estado”. Más un centenar de altos mandos de la policía han sido relevados, entre ellos el jefe de la policía de Estambúl, Huseyin Capkin. Una purga inédita que posteriormente se extiende a la judicatura.

Salpicado por el escándalo, el Gobierno presidido por Erdogan no se libra de una remodelación. Diez de los 25 miembros del ejecutivo cambian, muchos más de lo que estaba previsto con vistas a las municipales del próximo marzo.

Ese mismo día, un fiscal encargado de la investigación anticorrupción es apartado del caso y acusa a la policía de haberse negado a detener a personalidades del AKP.

Ihsan Yılmaz. Profesor asociado de ciencias políticas y sociales de la Universidad de Fatih:
“Si los fiscales no pueden probar nada, ni aportar ningún tipo de prueba, pierden el caso. Pero el Gobierno no podía esperar, fue presa del pánico. Por eso, simplemente trataron de reemplazar o cambiar a los fiscales, o agregar unos cuantos más y también reemplazaron a los agentes de policía y así sucesivamente, lo que muestra que quieren interferir en el caso.”

Por su parte, Erdogan acusa a la justicia, a los medios y a sus rivales políticos, entre otros, de urdir un complot contra el país, que según él, está siendo orquestado desde el extranjero.

Recep Tayyip Erdogan. Primer ministro de Turquía:
“La soberanía no pertenece a los jueces ni al Ejecutivo, sino a la nación. Si los jueces pretenden hacerse con la soberanía y controlarla ignorando la voluntad nacional, deberían ser juzgados por ello.”

Seis meses después de las grandes manifestaciones que desafiaron al poder, este escándalo ha vuelto a sacar a los turcos a la calle y amenaza el futuro político del primer ministro, que contempla presentarse a las presidenciales del próximo agosto. Sobre todo porque si esta situación continúa, la economía turca podría acusar el golpe.

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