Durante las recientes protestas llevadas a cabo en gran parte de Colombia y por distintos sectores sociales, fueron notorias las agresiones cometidas por algunos integrantes de la Fuerza Pública contra la sociedad civil.

Miembros del Escuadrón Móvil antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) fueron grabados en videos y celulares en acciones que violaban los Derechos Humanos de los protestantes: campesinos, mineros, transportadores, y comunidades rurales.

Estas actuaciones han puesto en tela de juicio el adiestramiento y la formación que reciben estos cuerpos policiales. Pero en el trasfondo de estos hechos existe toda una estructura de poder, que va en contravía de cualquier expresión contra las grandes injusticias sociales que distinguen al país.

Antes que buscar mecanismos de diálogo y entendimiento, o de la satisfacción de las necesidades de amplios sectores sociales en crisis, el gobierno colombiano ha optado por la represión.

El antecedente y las brutales imágenes contra los civiles, muchos de ellos campesinos, ha dejado un amargo sabor, que rememora los aciagos tiempos del gobierno anterior, del ex presidente Álvaro Uribe, cuando la protesta era acallada por cualquier medio, incluyendo los asesinatos y las desapariciones forzadas, que alcanzaron en ese período cifrar escandalosas.