Enfoque - España: la renta mínima centra el debate político
  • hace 7 años
El Congreso de los Diputados ha aprobado admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer en España una renta mínima garantizada.

La ILP fue impulsada por los sindicatos la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CC.OO.).

En este momento, esta ayuda ascendería a 426 euros no contributivos. La dura realidad del paro, la caída de las prestaciones, la precarización del empleo o el aumento de la desigualdad se han convertido en los catalizadores del debate sobre las fórmulas que permitan aumentar la protección social y acabar con la pobreza.

Es la primera vez que la Cámara baja tramitará un proyecto legislativo de estas características, que implicará un fuerte impacto presupuestario.

Esta es la razón por la que el Gobierno se ha opuesto frontalmente, posición a la que se ha sumado el partido de Ciudadanos.

A favor de esta nueva ayuda social destinada a las personas sin recursos, se han pronunciado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos, la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT ) y otras formaciones minoritarias.

En esta edición de "Enfoque" debatimos sobre la necesidad de la renta mínima en España.

Sergio Brabezo, concejal del partido Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, opina que “es un brindis al sol porque hay que saber cómo se va a pagar este tipo de rentas. Tenemos que centrarnos en generar riqueza y no nos enfocamos en eso”.

Por su parte, el periodista Manuel Llamas ha manifestado que “la solución es reducir el gasto público y los impuestos, pero todo radica en la generación de empleo. Yo quiero que los españoles ganen dinero y no dependan de esas rentas básicas que generan clientelismo”.

Eduardo Garzón, economista y miembro de Unidos Podemos, asegura que “no hay falta de recursos, lo que ocurre es que hay que redistribuir. Los Gobiernos no han hecho nada en ese sentido”.

Por último, Carlos Martínez Cava, ensayista y abogado, afirma que “este trámite llega tarde y mal. Si la Unión Europea (UE) cifra en más de 600 euros el umbral de la pobreza, estos 426 euros se quedan cortos”.
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