Según el acuerdo, que tiene 75 puntos y todo un catálogo de sanciones restaurativas, tanto el tema de justicia como el de verdad, cobijan a todas las partes involucradas en el conflicto:

La insurgencia, el Estado, los paramilitares, la empresa privada, y otros actores de la sociedad. Desde luego, estos son asuntos con alcances que afectan a muchos sectores poderosos involucrados de un modo u otro en la dinámica de la guerra, cuya participación y responsabilidades no han sido investigadas hasta el presente.

No es, pues, una justicia para las FARC, sino para hacer posible el tránsito de la lógica de la guerra a la de la paz, donde los diferentes actores son considerados. El acuerdo sobre justicia ha despertado muchas expectativas en la sociedad colombiana, que hasta hace unas semanas mostraba escepticismo frente a las conversaciones de La Habana y sus avances.

Las esperanzas puestas en un tiempo más tranquilo por venir se reflejan incluso en las encuestas. Sin embargo, el futuro es aún incierto y el camino por recorrer sigue siendo espinoso. En los propios días subsiguientes al anuncio del acuerdo se presentaron diferencias entre las delegaciones.

Los puntos del acuerdo siguen sin divulgarse, lo cual se ha prestado a especulaciones dañinas. Como de costumbre, la oposición política ha aprovechado el desconocimiento y las divergencias, para atacar, tanto el acuerdo de justicia, como el proceso de paz en general.

Entre tanto, los riesgos en el terreno militar siguen latentes. No se olvide que si bien las FARC continúan en una tregua unilateral y el gobierno de Santos ha suspendido los bombardeos, se mantiene el peligro de ataques sorpresa por parte del Ejército, de encuentros fortuitos fatales o de errores del cálculo castrense. La guerra en Colombia es un río revuelto en el que pescan muchos intereses.

De ahí la urgencia de un cese al fuego bilateral, que contribuya a aminorar los muchos riesgos de la anhelada paz que ya empieza a respirarse en buena parte del país.