El Congreso paraguayo aprobó un proyecto de ley que otorga al presidente Cartes absoluto poder de decisión para firmar convenios con los contratistas locales o extranjeros por un plazo de hasta 30 años.

Los diputados aprobaron la ley con un resultado de 80 votos a favor y 15 en contra, con tres abstenciones y dos ausencias. Se prevé la privatización de algunos servicios públicos como la navegación por el río Paraguay, la transmisión eléctrica y el pago de peaje en rutas nacionales, en una primera etapa. Esta decisión ha creado una serie de manifestaciones por parte de los sindicatos, trabajadores y el pueblo en general.