electos con los votos del PSUV. La misma dirección política del PSUV quienes trajeron la denuncia. Se los abrió una investigación y los expulsaron. ¿Qué pasa con la oposición? Los medios tratan de confundir a la opinión pública.
JVR: Dame un ejemplo.
PC: El diputado Caldera que aparece en una grabación recibiendo un dinero. Que distinto hubiese sido que cuando al diputado Caldera le colocaron el dinero, habría dicho: “Usted se equivocó de hombre, yo no tengo precio”.
El otro caso, que es un psicópata, es el Gobernador del estado Lara.
JVR: ¿En qué estado está la comisión?
PC: La comisión cuando la asumí, tenía 772 casos, hoy tiene 192 y nos hemos trazado como meta cumplir con el 60% de esos casos, de ese 60% nos quedan 22 casos al primer período legislativo.
Para el caso del estado Lara hay suficiente elementos de convicción para determinar. Otro de los casos es el del ex gobernador del Estado Nueva Esparta, Morel, un señor que compra un lote de terreno para darle continuidad a una avenida y cuando se traza la poligonal, resulta que el lote de terreno está dentro de una laguna, el Ministerio de Ambiente dice que no se puede trazar, 15 años después toman la gobernación y nombra al abogado defensor procurador y se pagan el dinero.
Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir al Presidente legislativo del estado Lara, concibió un informe que llevó una confesión de parte del informe anual de 2010, 2011 y 2012, quiere decir que los años anteriores no lo hizo. Pero lo más grave es que tiene 22 obras, con fecha de inauguración del año 2012, pagadas completamente, inauguradas mediáticamente y cuando se hace la inspección, las obras no existen, no están funcionando.
JVR: La meta de la apertura de una investigación es la justicia. En este delicado tema se comparten responsabilidades. La AN dicta decisiones de carácter político. Lo importante es lograr la meta de la justicia.
PC: Aquí lo que procede es que nosotros le demos fortaleza a las instituciones del estado.
JVR: ¿Están dadas las condiciones para eso?
PC: Cuando el Presidente Nicolás Maduro se pone al frente del problema, está generando las condiciones. Desde el punto de vista de la AN, según el artículo 224 de la CRBV establece que la AN impone responsabilidad y el Poder Ciudadano la hace efectiva.
Y la Contraloría es la que impone las multas o las inhabilitaciones para preservar el buen manejo de los fondos públicos. Sería inconcebible que nosotros no tengamos leyes que preserven la correcta y sana administración de esos fondos. Cuando un funcionario público, no manejó con prioridad los fondos, la contraloría le coloca una inhabilitación para no ejercer cargo de elección popular, lo que le dice es: este señor no puede manejar los fondos públicos. Es una medida de preservación, no un a medida de sanción. La derecha presupone que la independencia de los poderes lleva a un antagonismo y eso lleva a un chantaje. Dice la constitución nacional que los poderes deben marchar de forma coordinada.